"Ni la Ciencia oficial y consagrada ni otra fe ninguna puede hacer más que procurar que se cumpla lo previsto, que no se haga más que lo que está hecho, y que no nos pase nada del otro mundo". Mentiras principales, Agustín García Calvo

Estado Policial: lo que subyace en el espionaje realizado por el Gobierno estadounidense de las comunicaciones

Por James Petras, 14 de junio de 2013

Dissident Voice

NSA_espionaje

El descubrimiento de que el Régimen de Obama a través de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) está realizando un espionaje de las comunicaciones de millones de ciudadanos estadounidenses y de otros países, ha generado numerosas denuncias en todo el mundo. Sin embargo, en los Estados Unidos, a pesar de que ha sido una noticia que ha tenido una amplia cobertura por los medios de comunicación y haber contado con la oposición de las organizaciones de libertades civiles, no se ha producido ninguna gran manifestación. Los representantes en el Congreso de los dos Partidos, el Republicano y el Demócrata, así como los Órganos Judiciales, aprobaron este programa de espionaje sin precedentes. Incluso se ha llegado más lejos: cuando se reveló las operaciones de vigilancia, el Senado y los representantes del Congreso volvieron a dar su aprobación a esta intrusión en las comunicaciones. El Presidente Obama y su fiscal general Eric Holder han defendido abiertamente las operaciones mundiales de espionaje de las comunicaciones.

Las cuestiones que han sido planteadas por el descubrimiento de este aparato policial de enormes proporciones para el control de la sociedad civil, que viola la libertad de expresión de las personas, van más lejos de una privación de la intimidad, como han indicado muchos expertos.

Se ha dicho que se están violando los derechos individuales, las garantías constitucionales y el derecho a la intimidad de las personas. Éstas, desde luego, son cuestiones jurídicas importantes, y los críticos llevan razón cuando las exponen. Sin embargo, estas críticas constitucionales y legales no se dan cuenta de otras subyacentes y fundamentales, y evitan las preguntas básicas.

¿Por qué de la existencia de un aparato policial de tan enormes proporciones para un espionaje tan masivo y tiene tanta importancia para el Régimen? ¿Por qué los poderes ejecutivo, legislativo y judicial no han rechazado de plano tan ostensible violación de los derechos constitucionales? ¿Qué tipo de política lleva un Estado Policial? ¿Por qué los representantes elegidos defienden estas actividades de espionaje en contra de las personas? ¿Qué tipo de política interna y de política exterior se está realizando para requerir de una red de espionaje tan enorme, con 100.000 millones de dólares de presupuesto cuando se están recortando todo tipo de programas sociales?

El segundo grupo de preguntas se refiere al uso de los datos obtenidos mediante el espionaje: Hasta ahora los escépticos han puesto en duda la existencia de este espionaje masivo por parte del estado, y han evitado señalar las medidas que se toman una vez que el Régimen apunta contra individuos, grupos y movimientos sociales, ¿qué represalias y sanciones se ejercen una vez almacenada la información seleccionada, clasificada y ya operacional? Ahora que este secreto ha sido expuesto públicamente y forma parte de la discusión pública, el siguiente paso debiera ser el de revelar qué acciones secretas se realizan contra los señalados por el programa de espionaje como de riesgo para la Seguridad Nacional.

La política en un Estado Policial

La razón fundamental para que un Estado se convierta en un gigantesco aparato de espionaje es por la naturaleza de su política interna, destructiva, y de su política exterior, en la que el Gobierno ha puesto todo su empeño. La ampliación de Estado Policial no es consecuencia del ataque terrorista del 11 de septiembre. El crecimiento geométrico de espías, de Policía Secreta, de intromisiones en las comunicaciones de las personas, coincide con la extensión de las guerras en todas las partes del mundo. Las decisiones de militarizar la política mundial estadounidense requiere de una enorme asignación presupuestaria, recortando el gastos sociales para financiar la construcción del Imperio; machacando la salud pública y la seguridad social, rescatando, eso sí, a Wall Street. Son políticas que buscan los mayores beneficios para la Banca y las Corporaciones, con impuestos regresivos sobre el salario y los trabajadores asalaridados.

El mantenimiento de las guerras en el exterior se han financiado a costa del bienestar de los ciudadanos. Esta política conlleva daño para la vida de millones de ciudadanos y, en consecuencia, una mayor insatisfacción. El potencial de resistencia social, como ha expuesto el movimiento Occupy Wall Street, ya llega a más del 80% de la población. Esto alarma al Estado e intensifica sus medidas de espionaje, diseñado para identificar a ciudadanos que se oponen a las guerras imperialistas y la destrucción del bienestar; el etiquetar a personas como una amenaza para la seguridad es un medio de control usando unos poderes policiales arbitrarios. El aumento de los poderes presidenciales ha supuesto también un aumento del aparato estatal de espionaje: el Presidente ordena ataques con aviones teledirigidos, intervenciones militares, y la élite política que rodea al Presidente exige un mayor control de los ciudadanos en previsión de un contragolpe popular. En este contexto, la política de espionaje se convierte en una actividad prioritaria. Ante el aumento de las operaciones estatales de policía, mayor el miedo y la inseguridad entre los ciudadanos que disientes y entre los activistas.

El asalto que está suponiendo a la vida de muchos ciudadanos de la clase media con objeto de financiar las interminables guerras, no la llamada “guerra contra el terror”, es la razón por la cual el Estado ha desarrollado un ciberguerra de proporciones gigantescas contra las personas. La cuestión es que no se trata sólo de una violación de la intimidad: es fundamentalmente una cuestión de la violación por parte del Estado de los derechos de los ciudadanos que se organizan como oposición pública ante políticas socioeconómicas regresivas y ponen en duda la política del Imperio. La proliferación de Instituciones Burocráticas permanentes, con más de un millón de funcionarios trabajando en la recolección de datos, está acompañada de miles de operaciones, con analistas e inquisidores que actúan de forma arbitraria para señalar con el dedo a los ciudadanos disidentes como un riesgo para la seguridad y aplicando represalias según las necesidades de los dirigentes políticos. El aparato estatal de Policía tiene sus propias reglas de autodefensa y de autoperpetuación; tiene su propia dinámica y puede rivalizar con el Pentágono. El Estado Policial tiene estrecha relación con los avezados expertos de Wall Street y los propagandistas de los medios de comunicación…

El Estado Policial es un instrumento del Poder Ejecutivo que sirve de vehículo para la aplicación arbitraria de sus poderes. Sin embargo, sobre asuntos administrativos, posee autonomía para señalar los comportamientos disidentes. Lo que está claro es el alto grado de cohesión, de disciplina vertical y de defensa mutua, en una estructura jerárquica vertical. El hecho de que uno de los confidentes, Edward Snowden, haya dado la voz de alarma es una excepción entre los cientos de miles que espían a los ciudadanos: hay menos desertores entre el millón de miembros de la red de espionaje estadounidense que entre las familias mafiosas de Europa y Estados Unidos.

El aparato de espionaje funciona impunemente debido a los poderosos aliados que hay tanto dentro del país como en el exterior. El Congreso está controlado y muestra su plácet en este tipo de operaciones. Otras ramas administrativas del Estado, como la Hacienda Pública, coopera en dar información de grupos políticos y apunta a personas. Israel es un aliado clave en la red tejida por la Agencia de Seguridad Nacional, como ya señaló la prensa israelí (Haaretz, 8 de junio de 2013). Dos empresas de alta tecnología israelíes (Verint y Narus) mantienen estrechos lazos con la Policía Secreta de Israel (MOSSAD), proporcionando software de espionaje a la NSA y esto ha permitido que Israel espíe también en los Estados Unidos, contra los estadounidense que critican a un Estado Sionista.

El escritor y crítico Steve Lendman dice que el espionaje realizado por Israel vía software ha permitido a este país “robar datos comerciales e industriales patentados”, de forma impune. Debido a la gran influencia de los presidentes de las 52 principales organizaciones judías estadounidenses, los funcionarios se han visto obligados a desistir en perseguir las decenas de casos de espionaje israelí. Los estrechos lazos entre el espionaje israelí y el estadounidense sirven para prevenir el escrutinio de sus operaciones y objetivos políticos, pagando el alto precio en materia de seguridad en contra de los ciudadanos estadounidenses. Se han producido recientemente dos sucesos destacados: expertos de la seguridad israelí fueron contratados para informar al Departamento de Pensilvania en la investigación y represión, “parecida a la de la Stasi”, contra críticos de la acción del Gobierno y activistas ambientales, que son comparados con terroristas de Al-Qaeda por los israelíes, descubrimiento que forzó la dimisión del director de OHS James Powers, en 2010. En 2003, el Gobernador de Nueva Jersey, Jim McGreevy, designo a su amante, un ex oficial del Gobierno israelí y que en ese momento trabajaba para la IDF, para encabezar “el Departamento de Seguridad de ese estado, viéndose obligado a dimitir, y denunciado por hostigamiento por el israelí Golan Cipel”.

La denuncia de estas operaciones de espionaje masivo es un paso positivo, por lo que suponen. Pero, ¿no es igualmente importante saber qué se hace después de realizar los actos de espionaje? Ahora sabemos que cientos de millones de personas están siendo vigiladas por el Estado. Sabemos también que estos actos de vigilancia forman parte de la política del Ejecutivo y aprobado por los representantes del Congreso. Pero sólo conocemos una parte de la información sobre las medidas represivas que se ejercen tras la investigación de individuos sospechosos. Suponemos que habrá otras secciones dentro de la misma red de analistas y obreros de la Compañía que persigan a los ciudadanos sospechosos, basándose en criterios que sólo conoce la Policía Secreta. Ciertos funcionarios que ocupen puestos clave serán los que ideen y apliquen los criterios para señalar a alguien como un riesgo para la seguridad. Los individuos y grupos que expresan su sentir crítico sobre la política interna y la política exterior suponen un riesgo; aquellos que protesten todavía resultarán más sospechosos; y se supone que aquellos que realicen un viaje a regiones en conflicto se encuentren en la categoría de mayor riesgo, aunque no hayan violado ninguna ley. La legalidad de las opiniones expresadas por un ciudadano no forman parte de la ecuación de esta red de espionaje, y no se pregunta sobre la legalidad de las acciones de espionaje contra los ciudadanos. Los criterios se definen en función del riesgo para la Seguridad Nacional al margen de consideraciones constitucionales y de salvaguardia de los derechos.

Sabemos de un gran número de casos de persecución de críticos, que ilegalmente se les espió, que se les detuvo y posteriormente fueron procesados y encarcelados, quedando sus vidas y las de sus familiares rotas. Sabemos de cientos de casas, de centros de trabajo que han sido asaltos por sospechas. Sabemos que se ha interrogado a familiares, socios, vecinos, clientes, por sospechas, y que se les ha presionado e intimidado. Sabemos también que millones de ciudadanos, críticos con las guerras y políticas del Gobierno, han sido censurados, con operaciones a gran escala realizadas por este Estado Policial.

En esta atmósfera de intimidación, cualquier conversación crítica o palabra dicha en un contexto y transmitida por los medios de comunicación puede entenderse como una amenaza a la seguridad, y añadirse a la lista de potenciales terroristas. La sola presencia y dimensión de un Estado Policial es una intimidación. ¿Habrá ciudadanos que digan que es necesario un Estado Policial para protegerlos de los terroristas, sintiéndose por tanto obligados a abrazar a los terroristas del Estado? ¿Cuántos estadounidenses críticos temerán ahora al Estado y tendrán miedo de exponer en pública su disidencia?

Tanto el Presidente Obama como sus compañeros de los Partidos Demócrata y Republicano se jactan y ensalzan el Estado Policial y su eficacia en el control de la seguridad, pero la mayor parte de los estadounidenses se darán cuenta de que el miedo que se intenta transmitir sirve al interés de emprender más guerras imperiales en el exterior. Esas amenazas del Estado Policial también conllevan una reducción en el nivel de vida. ¿Cuándo aprenderemos que el hecho de exponer el aparato de espionaje sólo es el principio de una solución? ¿Cuándo reconoceremos que el final del Estado Policial es esencial para el desmontar este terrible Imperio y crear un país más seguro y próspero?

James Petras, ex profesor de Sociología de la Universidad de Binghamton, Nueva York, lleva 50 años en el asunto de la lucha de clases; es asesor de los Campesinos sin Tierra y sin trabajo en Brasil y Argentina, y coautor de Globalización desenmascarada (Zed Books), siendo su libro más reciente Sionismo, Militarismo y la Decadencia del Poder estadounidense (Clarity Press, 2008). Se le puede escribir a la siguiente dirección: jpetras@binghamton.edu. Otros artículos de James Petras

http://dissidentvoice.org/2013/06/the-deeper-meaning-of-mass-spying-in-america/#more-49315

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Clasificado en:Control de las comunicaciones, Derechos Humanos, Guerras Estados Unidos, Régimen policial

1 Respuesta »

  1. Reblogueó esto en RESISTIR Y REIRy comentado:
    no podemos consentir que nos dobleguen por medio del miedo. Sabemos que por mucho control, por mucho barrote que inventen, el pensamiento, los criterios, el amor, el tener alguien a quien amar, y amar, nos hacen inexpugnables.

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