"Ni la Ciencia oficial y consagrada ni otra fe ninguna puede hacer más que procurar que se cumpla lo previsto, que no se haga más que lo que está hecho, y que no nos pase nada del otro mundo". Mentiras principales, Agustín García Calvo

Sin justicia no hay paz: minería canadiense en Ecuador e impunidad


Los residentes de Intag pueden perder mucho más que una demanda contra la Bolsa de Valores de Toronto y Copper Mesa Corporation

 

Por Carlos Zorrilla y Cirilo Mychalejko, 29 de abril de 2009

El 2 de diciembre de 2006, 14 paramilitares armados con pistolas calibre 38 dispararon gas pimienta contra un grupo de campesinos ecuatorianos desarmados de una comunidad que ha estado resistiendo contra un proyecto minero de cobre durante más de una década. Afortunadamente no hubo muertos, pero hubo varios heridos, por no mencionar el sufrimiento psicológico causado por ataque tan despiadado.

Este asalto ha llevado a tres de los campesinos de la zona de Intag, Ecuador, a presentar una demanda contra la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) y Copper Mesa Corporation, la empresa minera canadiense responsable de la contratación de la “empresa de seguridad” que envió a los paramilitares para intimidar a los residentes que se oponen a la explotación minera de la región.

Pido al noble pueblo de Canadá“, dijo Ramírez cuando presentó la demanda en marzo de 2009, “que la demanda a sus autoridades electas produzca cambios significativos en su legislación nacional para que lo que ha sucedido con Copper Mesa en Intag no vuelva a suceder, ni en Intag, ni en ninguna otra parte del mundo. ” (Información sobre la demanda presentada (en español): http://www.ramirezversuscoppermesa.com/summary-legal-summary-esp.pdf)

John McKay, un miembro liberal del Parlamento de Canadá, introdujo unos cambios legislativos que habrían sido un primer paso concreto en el modo de actuación de las compañías mineras canadienses en el extranjero. El Proyecto de ley C-300 ha sido aprobado por el Gobierno Federal canadiense para investigar los incumplimientos de los derechos humanos y las denuncias ambientales presentadas contra las empresas con la posibilidad de cancelar cualquier financiación gubernamental si son declaradas culpables. Mientras que algunos activistas y organizaciones no gubernamentales criticaban el proyecto de ley por ser demasiado tibio, la mayoría apoyó esta legislación. Lamentablemente, el gobierno canadiense, sujeto a los intereses de la Industria Minera, no lo hizo y el proyecto de ley fue rechazado. Catherine Coumans, coordinadora de la Investigación de la Minería de Canadá, ha acusado al gobierno de “complicidad” con esta industria inhumana, si no penal en su conducta.

La injusticia y la impunidad continúan

El mes pasado, cuando tres jueces de la Corte de Apelaciones de Canadá fallaron en contra de los tres residentes de Intag, con lo que se perdió mucho más que un pleito. El tribunal dijo básicamente que las personas extranjeras no tienen derecho a demandar a una institución canadiense o a una empresa por violaciones de los Derechos Humanos en los tribunales canadienses. Su declaración ante el mundo, reafirmó lo que muchas comunidades están sufriendo por los proyectos de explotación minera canadienses en países en desarrollo: instituciones como el TSX y Copper Mesa nunca tendrán que rendir cuentas por los abusos contra los derechos humanos y la destrucción ambiental que financian y llevan a cabo.

Los canadienses ¿De verdad quieren tener un sistema jurídico, que por una parte autoriza a las compañías mineras canadienses a explotar los recursos en países en vías de desarrollo , y por otra parte absuelven a los responsables canadienses de cualquier violación de los Derechos Humanos que puedan cometer las empresas? ” preguntó Murray Klippenstein, asesor legal de los ecuatorianos, que también es abogado de una viuda de Guatemala, cuyo marido fue asesinado por el jefe de seguridad de una filial minera canadiense, debido a sus preocupaciones acerca de las actividades de la empresa.

Pero el fallo también produce otro efecto muy inquietante, o mejor dicho, refuerza la creencia ampliamente difundida, en los movimientos de resistencia contra las industrias extractivas en el extranjero: que es una pérdida de tiempo, energía y fondos tratar de utilizar el Sistema Judicial a fin de que los derechos sean reconocidos y se proteja a las comunidades. Las consecuencias son preocupantes.

Un ejemplo para ilustrar este punto es la infame Chevron-Texaco, ya que se necesitaron 18 largos años para que los demandantes, campesinos e indígenas, obtuvieran una sentencia favorable en los tribunales del país sobre las graves repercusiones sanitarias causadas por la extracción de petróleo y la contaminación de la Amazonía. La destrucción ha sido tal que ha sido etiquetada como un “Rainforest Chernobyl“. Pero incluso ahora, el caso podría retrasarse una década tras la presentación de recursos, lo que significa que muchos de los demandantes habrán muerto, con la imposibilidad de obtener la compensación que se les debe.

 A los canadienses no se les oye mucho acerca de la destrucción del medio ambiente y la agitación social provocados por la explotación de los recursos en el extranjero. A pesar de los innumerables informes de violaciones de Derechos Humanos en todo el mundo, las empresas canadienses han tenido mucho éxito en presentar todo muy bonito en su casa, sustituyendo la realidad por imágenes de la “responsabilidad social” de las Corporaciones canadienses y su desarrollo en el exterior.

Sin embargo, si la demanda ha contribuido a que la compañía sea expulsada de la TSX, como lo fue en febrero de 2010, llevándola a la quiebra, y que como resultado de presiones del sistema judicial en Canadá se abriesen paso las demandas legítimas presentadas por las comunidades en el extranjero en contra de su industrias extractivas, entonces sí que habrá merecido la pena. Si, a largo plazo, contribuyese a lograr reformas legislativas que efectivamente reduzcan o detengan los asesinatos de activistas contra la minería, como lo que sucedió en El Salvador y México , y otras violaciones de los Derechos Humanos, el medio ambiente y los abusos sociales, entonces habrá sido una gran victoria. Mucho depende de cuánta información sea capaz de filtrarse a través de los medios de comunicación de Canadá, y lo es necesario para que la indignación consiga una petición para que se realicen dichos cambios.

Sumada a esta demanda presentada en los Tribunales canadienses, la misma semana vio la Corte Superior de Quito mi (Carlos Zorrilla) demanda en contra de los productores cinematográficos que trabajan para Ecuacorriente por difamación penal. Desafortunadamente, ésta también fue una sorpresa importante, dado el estado del sistema judicial de aquí. Yo había iniciado una demanda penal en contra de la empresa de propiedad china Ecuacorriente por una película documental de 45 minutos en la que falsamente me vinculan con la violencia contra la minería en el sur del país.

La pregunta a la que hay que contestar es: Cuando el sistema judicial no garantiza la justicia mínima en casos de abusos claros por parte de las empresas transnacionales, o cuando el litigio está económicamente fuera del alcance de la mayoría de la gente, ¿qué otro camino hay para las comunidades que buscan de justicia? (Los costos del caso canadiense fueron de más de 100.000 dólares, aunque por suerte todo fue gracias a la firma Klippensteins de Toronto.)

Las comunidades tienen que entender, no sólo a nivel interno, sino también mediante la experiencia, que están política y jurídicamente superadas por las poderosas corporaciones, que tienen los bolsillos llenos y que ya son décadas de experiencias que frustran la justicia mediante la manipulación de los sistemas judiciales. Sentencias como Ramírez vs Copper Mesa sólo reafirman esta creencia.

Por lo tanto, muchas comunidades pueden leer en la derrota de la demanda que su única solución práctica (y económica) a las amenazas que la minería y otras industrias extractivas representan en sus derechos, tierras y culturas se encuentra en oponerse físicamente a estos proyectos – incluso con el riesgo de ser tachados de terroristas o saboteadores. Ramírez vs Copper Mesa reforzará la idea de que la resistencia física directa es la única manera de impedir que los miembros de la comunidad sean asesinados, las culturas indígenas aniquiladas, y el medio ambiente diezmado. Esto, en un momento en que leyes especiales se están promulgando en los países ricos en recursos naturales, tales como Ecuador , para categorizar judicialmente los actos de desobediencia civil, como si fuera terrorismo. A partir de hoy, cerca de 300 activistas se enfrentan a cargos por actos de terrorismo en Ecuador, y sabotaje por luchar contra las actividades mineras extractivas y otras que amenazan la vida o el bienestar de las comunidades y el medio ambiente. Más de la mitad de estos activistas son indígenas, incluyendo a los líderes de los grupos indígenas más importantes del país. Irónicamente, esto ocurre en el contexto progresista de la Constitución de Ecuador, que reconoce que la naturaleza tiene derechos , y que los ecuatorianos tienen derecho a una buena vida (Sumak Kawsay). Quizás la única herramienta eficaz que las comunidades y los pueblos indígenas tienen para proteger esos derechos contra las empresas transnacionales es la realización de una lucha permanente y sostenida, la pesadilla en defensa de los derechos humanos que debieran ser apoyados por el Estado.

Este es el por qué de la decisión del tribunal en asuntos de Canadá, no sólo en Ecuador, sino en todo el mundo.

Carlos Zorrilla es director de DECOIN , Defensa y Conservación Ecológica de Intag (Intag Defensa y Conservación del Medio Ambiente). Cirilo Mychalejko es editor de UpsideDownWorld.org . Trabajó como observador de derechos humanos en solidaridad con la resistencia de la minería en Intag.

http://dissidentvoice.org/2011/04/no-justice-no-peace-canadian-mining-in-ecuador-and-impunity/#more-32323

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